La empresa de origen portugués que le fue revocada la concesión de la administración del Puerto Marítimo la Guaira por hechos irregulares, protagoniza un nuevo capítulo tras el escándalo de corrupción que el gobierno nacional destapó en PDVSA y La Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
Además del embargo de bienes y activos del consorcio ejecutada por tribunales del estado Miranda y Lara, se le podría sumar una nueva acusación penal contra los principales accionistas de “Teixeira Duarte”, “Tegaven Teixeira Duarte y Asociados” y el “Consorcio Boyacá-La Guaira, Precomprimido CA”, por una serie de irregularidades contra el patrimonio público.
La acusación penal, que según personeros vinculados a la esfera judicial y empresarial está en proceso, develará detalles de cómo los socios del emporio con sede en Lisboa, Portugal, utilizaron sus influencias para armar un complejo entramado financiero con varios de los funcionarios de PDVSA y la CVG hoy detenidos; así como militares de alto rango que ocuparon en los últimos años importantes cargos en la administración pública, entre ellos el oficial del ejército Antonio Pérez Suarez.
En la trama de corrupción que envuelve a la industria petrolera, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, confirmó recientemente que “se elevó a 61 el número de funcionarios y empresarios detenidos por su presunta vinculación en tramas de corrupción, que involucran a PDVSA y otras entidades del Estado”, agregando que “quedan pendientes 20 órdenes de aprehensión por ejecutar y se han llevado a cabo 172 allanamientos”, sin ofrecer mayores detalles sobre los lugares donde se realizaron estos procedimientos.
Saab también informó que los apresados está el ex vicepresidente de Comercio y Suministro de Calidad de Pdvsa, coronel Antonio Pérez Suárez, a quien también se le vincula con la empresa “Teixeira Duarte” y “Tegaven Teixeira Duarte y Asociados”, empresa que recientemente un tribunal del estado Miranda le embargó parte de sus bienes por una “DEMANDA DE IMPAGOS Y DEUDAS PENDIENTES”.
Según lo publicado para esa fecha, los activos embargados como parte de las demandas que pesan sobre esta empresa radicada en Portugal, son en su mayoría maquinaria pesada reservada para el cumplimiento de los compromisos asumidos por el grupo portugués en forma directa, y junto con su socio en el “Consorcio Boyacá-La Guaira, Precomprimido CA”.
Tras los anuncios hechos por el presidente Maduro y el Fiscal Saab, se intensificaron los operativos del SEBIN para detener a los solicitados y ubicar los bienes que se han obtenido producto de este entramado de corrupción, que involucra a altos funcionarios de PDVSA y la CVG y que trasciende a esferas internacionales del sector empresarial, financiero y de bienes y raíces.
Anteriormente el Coronel Suarez Pérez ocupó la presidencia de “Venezuela Productiva”, adscrita al Ministerio del Poder Popular de Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas, desde donde estableció relaciones directas con el consorcio investigado por presunta corrupción, “Teixiera Duarte” y sus socios en Venezuela “Consorcio Boyacá-la Guaira, Precomprimido CA”, la cual se confirma en una carta fechada del 18 de julio de 2017, donde la empresa portuguesa le remite al militar detenido la documentación del contrato para la “Operación y Gestión portuaria del Puerto de la Guaira”.
Establecida esta llamada “Alianza Estratégica” y luego de tres años de operaciones en el principal puerto de Venezuela, el consorcio “Teixeira Duarte” se vio envuelto en varias denuncias por hechos de corrupción, lo que obligó a la Asamblea Nacional a través de la Comisión Permanente de Contraloría, presidida por el diputado José Brito, a iniciar una investigación parlamentaria interpelando al representante de la empresa, Antonio Russo, por “PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONTINUACIÓN DE LA AUTOPISTA DE LA COTA MIL HACIA LA GUAIRA”.
