El gobernador de California (EE.UU), el demócrata Jerry Brown, y el fiscal general del estado, Xavier Becerra, prometieron que se defenderán ante la justicia de la demanda que interpuso anoche el Gobierno del presidente Donald Trump en contra de tres leyes migratorias de su estado.
En una rueda de prensa en la ciudad californiana de Sacramento, Brown consideró que la demanda refleja el deseo de Trump de declarar la “guerra” a California para satisfacer a la parte más radical de su base electoral que quiere medidas más duras contra el estado, hogar de más de dos millones de inmigrantes indocumentados.
Brown fue especialmente duro con el fiscal general Jeff Sessions, que acudió a California para dar un discurso y defender la demanda de su Gobierno.
“El Gobierno de Trump está lleno de mentirosos”, llegó a decir Brown, en referencia a las personas cercanas al presidente que han sido imputadas por el fiscal especial Robert Mueller.
Con base a esas acusaciones, Brown aseguró que el Gobierno de Trump carece de credibilidad y aseguró que las leyes de su estado no ponen en peligro a EE.UU, como afirma el Ejecutivo en su demanda.
En rueda de prensa, junto a Brown, el fiscal general de California, Xavier Becerra, prometió que defenderá las políticas migratorias de su estado en los tribunales y aseguró que California “respeta las leyes” y tiene capacidad para implementar cambios a nivel estatal.
Una de las leyes en cuestión permitió a California convertirse el 1 de enero en un “estado santuario” para los inmigrantes, lo que significa que la Policía local y estatal no puede proporcionar al Gobierno información sobre inmigrantes indocumentados o aquellos extranjeros que han cometido un crimen y que, de acuerdo con la ley federal, deberían ser deportados.
En concreto, esa ley permite a los inmigrantes que han cometido un crimen salir en libertad, una vez cumplida su condena, y no ser expulsados a su país de origen.
La segunda ley contra la que se dirige la demanda prohíbe a las empresas de California cooperar con el Gobierno para deportar a inmigrantes, mientras que la tercera permite a la Policía estatal inspeccionar los centros de detención, donde están encerrados los extranjeros a la espera de ser expulsados.
Información de: Globovisión
