Autoridades políticas del mundo exigen investigación completa por la muerte del Capitán Acosta Arévalo

Tras el fallecimiento del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien presuntamente falleció por «torturas» en un centro penitenciario; los Gobierno de Alemania, México, Francia, España, Perú, Estados Unidos y otros, han solicitado que el caso sea investigado a la brevedad posible.

Acosta Arévalo, quien se encontraba detenido y bajo custodia del Estado, por su presunta implicación en una conspiración murió en un hospital la madrugada de este sábado, luego que el viernes fuera presentando ante un juzgado, donde presentó signos de tortura «no podía ponerse de bien, ni siquiera hablaba y tenía las uñas llenas de sangre», dijo su abogado.

El Ejecutivo alemán urgió a las autoridades venezolanas a esclarecer cuanto antes la muerte del funcionario y la calificó de obstáculo adicional a un acercamiento entre las partes.

«Condenamos la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo el 29 de junio, hace dos días», dijo en una rueda de prensa ordinaria la portavoz alemana de Exteriores, Maria Adebahr, quien llamó a todas las partes a «renunciar a cualquier escalada en esta tensa situación».

Aludió al hecho de que el fin de semana se suspendieran posibles conversaciones y dijo que «es comprensible en el caso de una de las partes que esto haya ocurrido así, porque este incidente es algo que no contribuye a rebajar la tensión y a crear una atmósfera de diálogo».

Por su parte, la portavoz del Ministerio francés de Exteriores señaló, en declaraciones a la prensa, que «garantizar la integridad física de los detenidos es responsabilidad de cualquier Estado» y reclamó «una investigación independiente» para aclarar las circunstancias del hecho.

Entre tanto, el ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, exigió respeto al debido proceso e integridad física del resto de personas bajo custodia de los cuerpos de seguridad.

El gobierno de México lamentó la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien estuvo detenido en la sede de la Dirección General de Contra inteligencia Militar en Caracas.

«México expresa sus condolencias y se solidariza con los deudos del capitán Acosta», indican en un comunicado publicado por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, culpó a la Dirección General de Contrainteligencia Militar por la muerte del capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo, este 29 de junio.

Por su parte, el Grupo de Lima y la Unión Europea rechazaron este domingo el fallecimiento del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.

Antes, en una declaración conjunta, el Grupo de Lima urgió a «actuar sin dilación» a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sumándose a un pedido del Parlamento local, de mayoría opositora.

La Unión Europea también pidió «una investigación completa e independiente», considerando que el hecho demuestra «falta de garantías» a los derechos de los detenidos.

El ministerio de Defensa apuntó este domingo en un comunicado que Acosta «se desmayó» durante la audiencia y que el juez ordenó trasladarlo al hospital militar de Caracas, donde falleció. No mencionó «torturas».

«Investigación urgente»

Acosta fue detenido el 21 de junio, acusado de planificar un «golpe de Estado» finalmente abortado. Bachelet estaba de visita en Venezuela, donde instó a liberar a opositores presos.

Confirmando la muerte del oficial, el fiscal general venezolano, el oficialista Tarek William Saab, anunció una investigación «exhaustiva» sin hacer referencia a las denuncias de torturas.

El Parlamento pidió este domingo a Bachelet una investigación «urgente» de Naciones Unidas. Solicitó igualmente la actuación de otros organismos multilaterales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional.

El Legislativo, cuyas funciones fueron asumidas en la práctica por la 100% oficialista Asamblea Constituyente que rige en el país, abogó por «un equipo forense» internacional y la «verificación del estado de salud» de todos los militares encarcelados por acusaciones de conspiración.

La ONG Foro Penal sostiene que en Venezuela hay unos 800 «presos políticos», un centenar de ellos militares.

fuente: noticialdia