Padres y representantes del Colegio San Vicente de Paúl de Barquisimeto, estado Lara, denuncian un excesivo cobro en la propuesta de la mensualidad escolar para el nuevo año, así como irregularidades en el proceso de consulta y definición de dicho costo. Por un lado, está la posición de la directiva del colegio, y por el otro, la comunidad de padres y representantes afectados. Recientemente, a inicios del año escolar, luego de cuatro asambleas infructuosas para fijar la tarifa, se agudiza el problema en la Unidad Educativa Colegio «San Vicente de Paúl» de Barquisimeto.
¿Por qué genera controversia? El monto propuesto representa un incremento significativo respecto al año anterior y la falta de «quorum» en las asambleas ha dilatado la decisión, obligando a iniciar clases con la incertidumbre del pago.
La Historia de un Aumento y la Ausencia de «Quórum»
La incertidumbre se ha instalado en las aulas y pasillos del reconocido colegio San Vicente de Paúl. Mientras los alumnos inician sus actividades, sus padres se enfrentan a un laberinto administrativo y económico sin una resolución clara sobre la mensualidad que deberán pagar.
De acuerdo con testimonios de representantes, el proceso para definir la estructura de costos se ha extendido más de lo habitual. Lo que solía resolverse en dos o tres asambleas, esta vez ha requerido cuatro convocatorias, todas fallidas por la ausencia de la cantidad mínima de representantes (quorum) necesaria para tomar una decisión legalmente vinculante. Esta situación, según fuentes internas, ha puesto a la directiva en una posición de poder al momento de fijar una tarifa provisional.
Una madre, que pidió la reserva de su identidad por temor a posibles represalias contra su hijo, relató a este medio la evolución de las cifras: «Siempre se han realizado de dos a tres asambleas, pero ya van cuatro y no nos dicen en cuánto quedó la mensualidad. Lo último que informaron es que pagaríamos 185 dólares pero que no iban a dar factura, lo cual es una irregularidad. Ese monto que quieren colocar de mensualidad eso es mucho, ya que el año pasado eran 125 dólares con pronto pago», detalló. Este aumento, de confirmarse, representaría un alza de más del 48% en la colegiatura en un año.
La Firma de Actas y las Advertencias Directivas
La tensión se hizo palpable tras una de las recientes reuniones entre representantes y el personal docente. Al finalizar el encuentro, los padres fueron informados de que debían pasar por la administración para firmar el acta de la última asamblea. Este requerimiento, justo al término de una reunión con fines académicos, ha sido percibido por algunos como una táctica para legitimar decisiones sin el consenso adecuado.
Más allá de la cifra y el procedimiento, lo que ha generado mayor indignación es la postura de algunos miembros de la directiva. La misma representante anónima relató una anécdota que ilustra la presión ejercida: «Si no estaban a favor del aumento, que era para la educación de sus hijos, entonces que los retiraran del plantel», fue la advertencia directa que, según múltiples fuentes, fue hecha a los representantes en una de las asambleas por parte de la directiva. Esta aseveración ha sido interpretada como una medida de amedrentamiento, una clara invitación a la autocensura o a la salida forzosa del sistema educativo privado.
La situación del San Vicente de Paúl no es un caso aislado en la capital larense. En Barquisimeto, varios colegios privados han sido objeto de denuncias similares en años recientes, con padres que exigen mayor transparencia y procesos de diálogo real sobre los costos escolares, un tema recurrente en la economía venezolana, marcada por la inestabilidad y el alza constante de los precios en divisas.
El Horizonte de la Educación Larense
El dilema en el Colegio San Vicente de Paúl pone de manifiesto la delicada balanza entre garantizar una educación de calidad con costos operativos crecientes para la institución y la capacidad económica de las familias barquisimetanas. La falta de factura en los pagos, denunciada por los padres, introduce un elemento de ilegalidad tributaria que agrava la situación.
Mientras los días transcurren con los alumnos asistiendo a clases, la pelota queda en el tejado de la directiva y de las autoridades competentes, que deberían velar por el cumplimiento de la normativa. La comunidad educativa, en general, espera que el diálogo constructivo sustituya al amedrentamiento y que se fije un costo justo y transparente. De lo contrario, la educación privada de calidad, que históricamente ha sido un pilar en Barquisimeto, corre el riesgo de volverse una opción inalcanzable para un número creciente de familias.
