Cientos de estudiantes se encuentran sin clases y con su futuro académico en el limbo, luego de que el Colegio Andrés Bello de Barquisimeto se negara a acatar una resolución de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE).
La disputa, que se centra en u unna estructura de costos denunciada por padres y representantes, ha escalado hasta prohibir la entrada a quienes formalizaron la queja, en un aparente acto de discriminación que también afecta a los más de 800 alumnos de la institución.
La polémica estalló cuando un grupo de padres y representantes denunció ante la SUNDDE que el colegio Andrés Bello no solo estaba cobrando matrículas y mensualidades por encima del límite establecido, sino que también presentaba una estructura de costos con cifras infladas y sin el respaldo de presupuestos formales. La SUNDDE, tras una investigación, emitió la sentencia 00842-2025, fijando las tarifas de inscripción y mensualidad en $80. Sin embargo, la directiva del colegio, bajo el alegato de que la sentencia es una mera “sugerencia” y no una resolución definitiva, se ha negado a acatarla, manteniendo cerradas las puertas de la institución e impidiendo el inicio del año escolar el pasado 8 de septiembre.
Según testimonios de los afectados, la directiva del Cientos de estudiantes se encuentran sin clases y con su futuro académico en el limbo, luego de que el Colegio Andrés Bello de Barquisimeto se negara a acatar una resolución de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE). ha adoptado una postura intransigente, llegando a prohibir la entrada a los padres que participaron en la denuncia. Esta medida, además de generar un ambiente de tensión, ha sido denunciada como una forma de discriminación que, según los representantes, causa un daño psicológico significativo en los estudiantes. «El que no tenga para pagar que se vaya, que nadie va a decidir sobre su empresa privada», fue la tajante respuesta que, según una apoderada del colegio, recibieron los padres de la directiva, evidenciando el profundo abismo que separa a ambas partes.
Costos bajo la lupa
La denuncia de los padres ante la SUNDDE expone una serie de costos que, según ellos, no tienen justificación ni respaldo. Entre los más polémicos se encuentran los $6.000 destinados al alquiler de dos autobuses de ruta pública para el traslado de profesores, los $32.000 para la remodelación de un solo baño, los $1.000 mensuales para el servicio de internet y los $800 de sueldo para los docentes. Estos montos, elaborados sin el consentimiento de los representantes, contrastan drásticamente con la realidad de las instalaciones, que, según denuncian los padres, presentan pupitres en mal estado, falta de ventilación en las aulas, problemas con las cloacas y la carencia de canchas e incluso estantes para los profesores.
Además, la situación se complica con la denuncia de un presunto conflicto de intereses, ya que los mismos abogados que representan a la institución forman parte de la junta directiva de padres y representantes. La falta de transparencia en la presentación de los presupuestos y la aparente doble moral de la directiva ha generado una profunda desconfianza entre los afectados.
Llamado a las autoridades
Ante el estancamiento de la situación, los representantes hacen un llamado al ministro de Educación, Héctor Rodríguez, al Fiscal General, Tarek William Saab, y a la Zona Educativa de Lara para que intervengan de manera inmediata y hagan cumplir la resolución de la SUNDDE. La información sobre la sentencia, que incluye las tarifas de inscripción y mensualidad, se encuentra fijada en la cartelera del colegio, ubicado en el sector La Lagunita.
La falta de clases, que ya afecta a más de 800 alumnos, pone en riesgo su derecho a la educación y agrava un conflicto que no parece tener una solución a corto plazo. La pregunta que queda en el aire es hasta cuándo seguirán los estudiantes del Andrés Bello como rehenes de esta disputa, y si las autoridades responderán al llamado de una comunidad que exige justicia y transparencia.
Equipo de investigación NB
