El gobierno de Donald Trump continúa impulsando un agenda orientada a reducir la inmigración legal sin la necesidad de recurrir al Congreso de Estados Unidos. Una de estas medidas propuestas busca obstaculizar el camino hacia la residencia permanente de cientos de miles de extranjeros que residen legalmente en el país.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha trazado una propuesta para impedir que los inmigrantes legales obtengan la residencia permanente o green card si ellos o sus hijos –aun cuando hayan nacido en suelo norteamericano– hacen uso de ayudas públicas federal o estatal con fondos de los contribuyentes.
El borrador de la normativa, desvelado en exclusiva por la agencia Reuters, pone en la mirilla a los inmigrantes que reciben cupones para alimentos (food stamps), están inscritos en un seguro médico público como Medicaid, inscriben a sus hijos en programas de escolarización del Estado o reciben subsidios en tarifas de servicios públicos.
“Los no-ciudadanos que reciben beneficios públicos no son autosuficientes y están dependiendo del gobierno de Estados Unidos y de entidades estatales y locales para obtener recursos, en lugar de sus familias, patrocinadores u organizaciones privadas”, indica el documento citado por Reuters.
Si esta serie de normativas hubiera estado en vigor en el 2016, unos 383,000 inmigrantes que reciben ayuda social del gobierno y obtuvieron la residencia definitiva se hubieran visto afectados, según un cálculo de Reuters basado en cifras gubernamentales.
El DHS considera que “la recepción de beneficios públicos por parte de un extranjero es a expensas de un contribuyente y la disponibilidad de beneficios públicos implicaría un incentivo para los extranjeros para migrar a Estados Unidos”, plantea la propuesta para endurecer el acceso a la residencia.
Ser receptor de estos programas de asistencia social podría ser perjudicial para el solicitante de la residencia permanente, subraya el texto.
Un vocero de los Servicios de Inmigración rehusó hacer declaraciones a Reuters dado que el proyecto está bajo consideración. Las nuevas regulaciones no afectarían a los residentes permanentes interesados en obtener la ciudadanía.
Esta drástica modificación de los lineamientos actuales, que prohíben explícitamente a los funcionarios de inmigración evaluar esos beneficios, se suma a otras iniciativas del mismo cariz como la eliminación de la lotería de visas y del Estatus de Protección Temporal (TPS) a salvadoreños y haitianos. Además, la administración quiere reducir las reunificaciones familiares y limitar la expedición de visas H1-B para profesionales especializados con títulos universitarios.
La normativa vigente contempla que los funcionarios de inmigración analicen una pequeña gama de beneficios públicos a fin de decidir si un postulante a la residencia puede convertirse en un carga para el erario público, mas les ordena no fijarse en asistencia no monetaria, como los programas alimenticios y las subvenciones a la enseñanza preescolar.
Expertos y funcionarios consultados por Reuters se mostraron preocupados de que los cambios propuestos disuadan a los inmigrantes a hacer uso de programas de ayudas sociales a los que tienen derecho para mantenerse saludables y aptos para trabajar ante el miedo de afectar su anhelada residencia permanente.
Información de: El nuevo Herald
