El movimiento ecologista del estado Lara ha reactivado con urgencia su solicitud para la declaratoria de emergencia ambiental en la entidad, alertando sobre un alarmante aumento en la extracción ilegal de carbón vegetal y la consiguiente destrucción de bosques críticos. Representantes de diversas organizaciones ambientales, agrupados en el Frente Ecológico, denuncian una presunta «complicidad» institucional, «denegación de justicia» y la «inacción» de las autoridades competentes.
En una rueda de prensa, José De Sousa Infante, miembro de la Fundación Guardián y de la Brigada Guardaparques Voluntarios de Venezuela, expuso la crítica situación: «La actividad carbonera, lejos de retroceder, ha avanzado».
Aumento de la Criminalidad Ambiental
De Sousa Infante señaló que, pese a los supuestos avances logrados en la formación de comisiones para la gestión integral (una nacional y otra regional en Barquisimeto), estas «no se reúnen desde hace cuatro meses», a pesar de haber sido notificada la necesidad de reactivarlas al Ministro y a las autoridades ambientales, recibiendo una «negativa total».
La denuncia más grave recae en el incremento de la movilización de carbón vegetal. «Nos habían dicho que la guía para la movilización… está suspendida y sin embargo hay un aumento en la movilización de carbones… esto ha sido masivo», afirmó el vocero, citando como ejemplo la constante circulación de camiones en sectores como Diego de Pavía.
Presión por la «legalización» de la ilegalidad
El ecologista alertó sobre la aparición de grupos que se identifican como «productores artesanales de carbón» que están solicitando la legalización de esta actividad en Lara. «Es el equivalente a solicitar la legalización de la droga», sentenció De Sousa Infante.
Estos grupos buscan ampararse en el mecanismo de redes socioproductivas forestales, contemplado en la Ley de Bosques, pero que solo aplica para estados del sur con reservas forestales y manejo forestal. El estado Lara, según el activista, «no tiene bosques forestales de ningún tipo» y la inmensa mayoría de sus árboles son de crecimiento lento (20 a 30 años), lo que hace que la actividad no sea sostenible ni rentable si se cumple con las normativas ambientales.
Los carboneros, en cambio, «corta los árboles, no está obligado a pagar impuesto, no siembran, no hacen nada», mientras realizan «siembras simbólicas que no compensan el enorme daño ambiental». Se estima que para producir una tonelada de carbón se requieren al menos seis grandes árboles o hasta diez de menor tamaño.
Denegación de justicia e inacción institucional
El movimiento denuncia que se les ha negado rotundamente la revisión de los expedientes carboneros y mineros, lo que representa una violación a la Contraloría Social y la Constitución.
Se acusa a las autoridades de otorgar permisos sin cumplir con los estudios de impacto ambiental y sociocultural, lo que genera «contratos… el delito de lesa patria para Venezuela».
A su vez, De Sousa Infante criticó que la destrucción del ecosistema ocurre mientras se «disfraza» con la Misión Madre Tierra, cuya siembra de «1000 arbolitos, 500 arbolitos» es simbólica frente a la deforestación diaria.
Finalmente, el vocero lamentó el vacío institucional provocado por la remoción del director del Ministerio del Ecosocialismo, cuyo reemplazo, nombrado el 18 de septiembre, aún no ha asumido. «Esto ha generado una sensación de vacío en la institucionalidad… el ministerio temporalmente está acéfalo», lo que considera una «situación anómala que viene a ese régimen de complicidad que tienen las instituciones en el estado».
El Frente Ecológico ratifica la declaratoria de emergencia ambiental y acudirá a diferentes órganos para exigir el cese de la «denegación de justicia», refiriéndose a denuncias formuladas desde 2010, 2012 y 2018 que, hasta la fecha, no han tenido respuesta institucional.
Carla Martínez / Noticias Barquisimeto
