Los defensores insisten en la urgencia de restituir los servicios de alimentación adecuada, salud y rehabilitación para los detenidos.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Ecuador denunció este lunes que 394 personas privadas de libertad fallecieron en Guayaquil durante 2025, en su mayoría por causas de salud y vulneraciones de derechos humanos.
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Al exigir la declaratoria de emergencia del sistema penitenciario, con prioridad en los centros de Privación de Libertad (CPL) Guayas N°1, Esmeraldas y Cotopaxi, el Comité insistió en la restitución inmediata de servicios de alimentación adecuada y salud, así como de visitas y programas de rehabilitación, con control judicial efectivo y auditoría independiente.
Los datos, apunta el colectivo, coinciden con informes de jueces de garantías penitenciarias y de la Defensoría del Pueblo sobre vulneraciones a los derechos a la alimentación, la salud y la rehabilitación.
Al constatar las condiciones del CPL Guayas N°1 el 22 de abril del 2025“verificamos un trato incompatible con la dignidad humana que se repite, según testimonios recibidos, en otros centros bajo control militar (como el CPL de Esmeraldas y Cotopaxi), donde se han negado alimentación adecuada, atención médica oportuna, visitas y actividades de rehabilitación” refiere el comunicado.
Asimismo, la organización declaró que ese es el resultado de la gestión penitenciaria impuesta desde marzo de 2024, la cual, “lejos de resolver la seguridad, la protección al personal y la corrupción, ha derivado en más muertes anuales que las masacres carcelarias y un incremento de casos de corrupción en Fuerzas Armadas”.
Al responsabilizar a las autoridades del Sistema de Rehabilitación Social y, en particular, al presidente Daniel Noboa, el CDH denunció que el Gobierno ha sostenido una gestión cuyos resultados son muertes evitables y condiciones inhumanas de detención.
Dado los indicadores de escala, repetición y conocimiento estatal, la entidad reitera que estos hechos podrían constituirse en crímenes de lesa humanidad.
Ante este escenario, el Comité “continuará activando las acciones legales de carácter penal y constitucional para asegurar la justiciabilidad de los derechos de todas las personas.”
Hender «Vivo» González
Con información de Telesur
