El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), bajo la dirección del Comisario General Douglas Rico, ha emitido un comunicado urgente: todos los funcionarios y funcionarias jubilados deben devolver de forma obligatoria e inmediata su dotación policial. Esto incluye armas de fuego, chalecos antibalas y demás implementos asignados.
La medida busca recuperar material estratégico que, según la Ley Orgánica de Bienes Públicos, pertenece al Estado venezolano. La retención injustificada de estos bienes es una violación legal y puede ser sancionada conforme al Artículo 61 de la Ley Contra la Corrupción (peculado de uso) y la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones.
El CICPC advierte que el incumplimiento no solo conlleva responsabilidades legales, sino que también afecta la capacidad operativa de la institución y la seguridad ciudadana al impedir la reasignación de recursos a funcionarios activos.
Se ha establecido un plazo máximo e improrrogable de treinta (30) días continuos para la entrega de la dotación en la sede administrativa correspondiente.
El CICPC reitera su compromiso con la legalidad y la transparencia, advirtiendo que el incumplimiento resultará en la remisión del caso a las autoridades competentes para determinar responsabilidades administrativas y penales.
