El Consejo Comunal Morán – Abogados y los habitantes de la Comunidad Negra Hipólita, en la Parroquia Catedral del municipio Iribarren, hacen un llamado urgente al Fiscal General de la República, Dr. Tarek William Saab, para solicitar su intervención inmediata en el caso de Reggie Gabriel Suárez Díaz, un joven de 24 años detenido el pasado viernes 4 de julio de 2025.
Reggie ha sido acusado de hurto calificado, agavillamiento y robo al Estado, según la denuncia presentada por la ciudadana Lila Valdés. Sin embargo, la comunidad y sus voceros afirman que estas acusaciones son falsas y sin fundamento. El caso, identificado con el número KP 17, 15-25, se lleva ante el Tribunal de Control Número Dos.
Reggie Gabriel Sánchez Díaz, titular de la cédula de identidad 28.406.037, es vocero suplente del Consejo Comunal Morán – Abogados en el área administrativa y finanzas, miembro activo de la Fundación por el Movimiento por la Paz y la Vida y colaborador del Comité de Reciclaje de la comunidad Negra Hipólita. Actualmente, se encuentra recluido en la Delegación Municipal del CICPC, ubicado en la avenida Carabobo con carrera 31.
Las graves acusaciones contra Sánchez Díaz, formuladas por la ciudadana Lila Valdés, quien lo señala de robar un local alquilado por ella en la avenida Venezuela, esquina calle 11 de Barquisimeto y de pertenecer a una banda delictiva, son categóricamente desmentidas por la comunidad y sus voceros. Ellos afirman que Reggie, quien ha vivido sus 24 años en la comunidad, es ampliamente reconocido por su ética de trabajo y compromiso social.
Glendy Díaz, madre de Reggie, con lágrimas en los ojos, hizo un llamado desesperado al Fiscal General: «Mi hijo es un muchacho sano. Hay demasiadas cosas que fallaron. La señora Lila Valdés dice que tiene demasiado poder en el Poder Judicial. Pido justicia para mi hijo, que se abra una investigación y que esta señora cese las amenazas».
La señora Valdés alegó la existencia de cámaras de seguridad que grabaron el supuesto robo, afirmación que la comunidad desmiente rotundamente. «Ahí no hay cámara, es la primera mentira», enfatizó la madre del joven. También descartaron la existencia de una banda delictiva asociada a Reggie, quien es un joven trabajador y estudiante.
Sobre el local comercial mencionado, la comunidad desconoce su propósito, ya que su establecimiento no cuenta con el aval ni el conocimiento de los vecinos para operar en dicho espacio, lo que, según los denunciantes, «refuerza la falta de fundamento de la denuncia».
Al momento de su detención, Sánchez Díaz se encontraba trabajando como planchador en la empresa «El Gustazo», ubicada en la misma comunidad, y cursando estudios de farmacia en el Centro de Formación para el Trabajo Samuel Robinson.
La señora Glendy Díaz también cuestionó los cargos de «robo al Estado» impuestos a su hijo, dado que el presunto hurto se habría cometido en una empresa privada. «¿Qué hace una empresa privada con repuestos del Estado?», preguntó. Valdés asegura que le robaron repuestos y turbinas.
Nancy Matilde Barragán, jefa de la Comunidad Negra Hipólita y miembro de Contraloría del Consejo Comunal Morán Abogados, junto a otros líderes comunitarios del circuito comunal General Jacinto Lara, están activamente en la defensa de Reggie. Presentaron más de cien firmas de la comunidad que respaldan la buena conducta del joven.
«Acá hay una injusticia flagrante. Esta lágrima no es en vano porque estamos acá nosotros defendiendo un muchacho», declaró Barragán. La comunidad advierte que no permitirá que otro joven sea vulnerado sin su defensa.
La señora Díaz, con 45 años en la comunidad, contrasta la permanencia de su familia con la de la señora Valdés, quien, según ella, lleva apenas seis meses en el área. «Quiere colocar una orden de alejamiento con todos, imagínese, no nos vamos a ir por darle el gusto a una persona solo porque dice que tiene poder judicial», expresó.
La comunidad y los voceros del Consejo Comunal Morán – Abogados reiteran su llamado al Fiscal General Tarek William Saab para que se aboque al caso de Reggie Gabriel Sánchez Díaz y garantice el debido proceso y los derechos humanos, en aras de una justicia limpia y transparente.
Carla Martínez / Noticias Barquisimeto
