En el corazón del sistema de justicia penal, el concepto de Retardo Procesal se alza como una sombra que amenaza la eficacia y la credibilidad de la ley. Un proceso penal, que no se desarrolla en un plazo razonable no solo vulnera el derecho al debido proceso de los ciudadanos, sino que perpetúa la impunidad y profundiza el sufrimiento de las víctimas. Noticias Barquisimeto aborda este fenómeno crítico que afecta directamente a los tribunales del estado Lara. Para comprender su naturaleza, efectos y las estrategias para combatirlo, hemos conversado con la abogada Maygualida León Castillo, especialista en criminalística, quien nos ofrece una visión experta sobre cómo la dilación judicial impacta, de manera particular, en los casos más sensibles, como aquellos que involucran a mujeres con retardo procesal. Leer también: ¿Qué es «Ultraje al pudor»? El cargo que le imputan a la ex fiscal sexta del estado Lara El retardo procesal: Naturaleza y efectos R: El retardo de procesos judiciales en Venezuela se refiere a las dilaciones injustificadas en la tramitación y resolución de los casos, lo que a menudo se traduce en una falta de acción u omisión por parte del sistema. Esta situación viola el derecho fundamental a una justicia expedita y la Tutela Judicial Efectiva, consagrada en la Constitución de 1999 (Carta Magna). Las causas de este problema son diversas e incluyen la ineficacia del sistema, la falta de recursos (humanos y financieros), las fallas en los servicios públicos (como electricidad e internet), la congestión de los tribunales y la falta de insumos necesarios para la tramitación. Implicaciones legales y consecuencias R: Este retardo vulnera de forma flagrante la tutela judicial efectiva, al impedir que los procesos se resuelvan en un tiempo razonable o dentro de los términos establecidos por la ley. La abogada destaca que los artículos 26 y 49 de la Constitución están intrínsecamente ligados a esta problemática. El Artículo 26 garantiza el derecho de toda persona a acceder a la justicia y obtener una decisión pronta y efectiva sin reposiciones inútiles, mientras que el Artículo 49 es el garante del debido proceso y el derecho a la defensa. El retardo, por lo tanto, conlleva la negación de justicia y la violación del debido proceso. Impacto Específico Las consecuencias del retardo son profundas, abarcando desde la desconfianza ciudadana y el aumento de la inseguridad jurídica hasta la afectación directa de los derechos humanos. La prolongación de los procesos incrementa los costos legales para las partes (honorarios y otros gastos), generando una sensación de indefensión. El impacto es especialmente negativo para los privados de libertad, quienes ven más perjudicados sus derechos esenciales, como el derecho al trabajo, a la salud, a la libertad y al libre tránsito. Incluso, tener un proceso penal en curso puede generar desconfianza en futuros empleadores. Desde su experiencia, ¿Qué medidas concretas se podrían implementar para reducir el Retardo Procesal en los tribunales penales de Lara? R: La preparación académica de los jueces es fundamental. Necesitamos más jueces probos, letrados y doctos. Uno de los temas cruciales a debatir es la capacitación y profesionalización de quienes imparten justicia. Es necesario establecer la obligatoriedad de que estos jueces se tracen metas mensuales de avances en los juicios que tienen a su cargo, buscando una gestión de casos más activa y eficiente. Una estrategia clave es la implementación de un sistema integral automatizado. Esto implica la utilización de medios modernos y electrónicos, como notificaciones telemáticas y audiencias por videoconferencia. Estas implementaciones buscan sustituir los procesos tradicionales que generan demoras, tales como las excusas por traslados, falta de combustible, ausencia de funcionarios de seguridad, o problemas con boletas y firmas. La modernización de estos procesos, aunque se ha iniciado tímidamente, marca una hoja de ruta para la corrección del retardo procesal. El sistema de justicia debe enfocarse en la capacitación integral de todos sus actores: policías, Ministerio Público, jueces y magistrados. Este esfuerzo conjunto, apoyado por la modernización tecnológica, permitiría alcanzar el objetivo de agilizar los procesos y mejorar la eficiencia del sistema judicial. En esta dinámica, se debe considerar la no presencialidad de los involucrados cuando sea apropiado, utilizando herramientas como la vía telemática y, en casos necesarios, avanzar mediante la figura del juicio en ausencia para evitar estancamientos y garantizar un sistema de justicia más eficaz. Mujeres víctimas de ultraje al pudor R: Estas conductas pueden resultar en la exposición denigrante de la mujer, atentando gravemente contra su dignidad y generando profundos daños psicológicos y sociales. La ley en sí se enfoca en el derecho fundamental de las mujeres a una vida libre de violencia, tipificando un catálogo amplio de delitos de género (psicológica, física, sexual, patrimonial, etc.). Las consecuencias de estas acciones son devastadoras: generan en las víctimas temor a ser estigmatizadas y desprotección ante la autoridad, y, de forma más sutil y peligrosa, pueden llevar a la normalización de la violencia, dificultando la denuncia y la búsqueda de ayuda. Además, la legislación también reconoce los perjuicios económicos y laborales como parte de la violencia patrimonial, abordando la afectación a la economía y fuente de trabajo de las mujeres. En esencia, cualquier acción u omisión que cause sufrimiento o daños físicos o psicológicos y vulnere los derechos de las mujeres, incluyendo su patrimonio, es sancionable por la ley. Posibles Soluciones y Obstáculos En cuanto a las medidas para solucionar el problema, la abogada señala que la Administración de Justicia es un sistema complejo que requiere una intervención integral y la inyección de insumos para mejorar los tiempos. Aunque se han intentado implementar tecnologías como los medios electrónicos y telemáticos o las videoconferencias para agilizar los procesos, estos esfuerzos se han visto limitados por las fallas en la infraestructura (servicios públicos). La congestión judicial, el exceso de expedientes y la saturación de los tribunales se traducen en una ineficiencia general del sistema que aún se intenta revertir. Por: Edwin «Sports» Hevia