El alto tribunal, de mayoría conservadora, ha respaldado reiteradamente las políticas antiinmigrantes del gobierno republicano, las deportaciones masivas y encarcelamientos a personas sin antecedentes penales. Un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos de este 8 de septiembre, con 6 votos a favor y 3 en contra, dio luz verde a las persecuciones migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la ciudad de Los Ángeles, donde los agentes podrán recurrir a “perfiles raciales, idioma y origen étnico” como criterios para las detenciones. Leer También: Jefe de Estado Nicolás Maduro a medios internacionales: “No son tensiones, sino agresiones de EEUU. contra Venezuela” El supremo tribunal supeditó las preocupaciones sobre violaciones a las libertades civiles al cumplimiento de la política migratoria del Ejecutivo. Al tiempo, invalidó la decisión de un tribunal inferior (en este caso de los Ángeles), una tendencia de los actuales integrantes de la Corte, de mayoría conservadora. En este caso, se dejaron sin efecto las restricciones impuestas por la jueza de distrito, Maame Frimpong, quien argumentó una “montaña de pruebas” sobre la violación de los derechos constitucionales de los residentes de Los Ángeles, por parte de los agentes de inmigración. Frimpong había dictaminado previamente que los agentes de ICE no podían discriminar a las personas por factores como su lengua de origen, tipo de trabajo o ubicación; una medida que el gobierno “indebida” porque “restringía las medidas de control migratorio”. Para la magistrada Sonia Sotomayor, este fallo del alto tribunal “prácticamente ha declarado que todos los latinos, ciudadanos estadounidenses o no, que trabajan en empleos de bajos salarios son blanco fácil para ser confiscados en cualquier momento, retirados de su trabajo y retenidos hasta que presenten pruebas de su estatus legal a satisfacción de los agentes”. Se trata de una orden “escandalosa porque no incluye ningún razonamiento en sí” en palabras de la directora jurídica nacional de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, Cecillia Wang. No es la primera vez que la Corte Suprema echa por tierra un fallo judicial para la protección de los migrantes. En junio, el ente judicial permitió a la Administración de Donald Trump reanudar las deportaciones masivas a terceros países sin previo aviso, acelerando las deportaciones, suspendiendo admisiones de refugiados y eliminando protecciones para más de 530.000 personas. Con ello, suspendía una orden del juez federal Brian Murphy en Massachusetts. Al tiempo, han ignorado los fallos que protegían a los migrantes de ser trasladados a destinos potencialmente peligrosos. Previamente, se desmantelaron programas como el denominado parole que concedía la libertad condicional humanitaria y estatus legal temporal de los provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Esta semana dieron inicio operativos antimigrantes en Boston y Chicago, violando las políticas locales de protección de estas comunidades. A la par, el jefe de la Casa Blanca amenaza con desplegar también a la Guardia Nacional y a efectivos militares, una medida denunciada como “ilegal” por expertos y activistas. El Departamento de Justicia de los Estados Unido demandó, días atrás, a la alcaldesa de la capital del estado de Massachusetts, Michelle Wu, por las políticas de protección a las comunidades de migrante implementadas en esa “ciudad santuario” pues restringen la cooperación con el ICE. Según el investigador Austin Kocher de la Universidad de Syracuse -citado por EFE- Estados Unidos mantiene tras las rejas a más de 61.200 migrantes, el número más alto en varios años. Casi la mitad de estos, un 45 %, no tienen antecedentes criminales. Hender «Vivo» González Con información de Telesur