De nuevo, la política migratoria de Donald Trump se ensaña contra dos de los grupos más vulnerables en el país: las familias y las infancias migrantes. A finales de marzo, Jenny Carolina López Villela acudió a una visita programada con autoridades migratorias en Nueva Orleans, Luisiana, en la que creía que iba a ser una cita de rutina para continuar con su proceso de regularización migratoria en Estados Unidos, ya que llegó al país hace algunos años desde Honduras. López Villela iba acompañada de su hija de dos años, ciudadana estadounidense, al llamado de rutina que hace parte del Programa de Comparecencia con Supervisión Intensiva, un programa que permite a las personas migrantes en situación irregular gozar de una suerte de ‘libertad condicional’ hasta que se resuelva su caso en las cortes especializadas. Sin embargo, lo que era una visita de rutina para López Villela se convirtió en su peor pesadilla. En la cita, miembros del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) detuvieron a la mujer para informarle que su estatus migratorio había cambiado, por lo que iba a ser deportada en rumbo a su país de origen. El 25 de marzo, López Villela fue enviada junto con su hija en un vuelo de deportación, aunque el padre de la bebé hizo una solicitud de emergencia para impedir la expulsión de la niña. Las autoridades migratorias estadounidenses defienden que la menor no fue deportada, sino que fue decisión de la madre llevarla consigo de vuelta a Honduras. En el mismo vuelo iba otra mujer migrante junto a sus dos hijos, uno de siete y otro de cuatro, que también eligió llevarlos con ella; el menor de los niños sufre de cáncer y, aunque las autoridades fueron notificadas de su condición, lo enviaron sin medicamentos ni revisión especializada. En un comunicado al respecto, la ONG Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) denunció que estas madres fueron mantenidas en un centro de detención, incomunicadas, haciendo imposible que pudieran acordar con los padres alguna alternativa para sus hijos o la entrada de representación legal para retardar su deportación. Las mujeres y los menores fueron deportados a las 6 de la mañana, horas antes de que los tribunales locales abrieran sus puertas, según ACLU. «Mantenemos a las familias unidas. Lo que hicimos fue retirar a los niños con sus madres, quienes solicitaron que se fueran con ellas», declaró Tom Homan, el ‘zar’ de la frontera de Trump, defendiendo la deportación de las mujeres y sus hijos, aunque evitó utilizar la palabra «deportación» para referirse al caso de los menores, ya que son ciudadanos estadounidenses. El nuevo rostro de la política migratoria estadounidense ha sido fuertemente criticado desde la sociedad civil y hasta en los juzgados por la mala praxis gubernamental en torno a asegurar el debido proceso para las personas migrantes que son deportadas. «Lo que hemos visto de ICE en los últimos días es horrible y desconcertante. Las familias han sido destrozadas innecesariamente. Estas madres no tuvieron la oportunidad de hablar con sus copadres para tomar el tipo de decisiones que los padres tienen derecho a tomar por sus hijos», expresó Gracie Willis, del Proyecto Nacional de Inmigración. «No hemos sabido más de la bebé» Aunque la nueva Administración Trump niega estar separando familias migrantes – una de las políticas más criticadas e impopulares durante el primer mandato del magnate neoyorquino –, otras historias contrastan el relato oficialista. Yorely Bernal y Maiker Espinosa llegaron a Estados Unidos en 2024 junto con su hija, Maikelys, que en ese momento tenía apenas un año de edad. La familia llegó a la frontera sin la documentación necesaria para entrar, por lo que cruzaron por el sur y se entregaron a las autoridades fronterizas, esperando una oportunidad de refugiarse en el país. La familia, todos ciudadanos venezolanos, fueron separados por miembros de ICE. Bernal y Espinosa fueron acomodados en dos centros de detención diferentes en Texas, mientras que su bebé fue puesta a cargo del Gobierno momentáneamente; al principio, el cambio era mientras sus padres podían regularizar su estancia en el país. Sin embargo, ese sueño nunca llegó. En marzo, Espinosa fue expulsado del país a bordo de uno de los vuelos que aterrizaron en El Salvador, acusado, junto a otros 237 ciudadanos venezolanos, de pertenecer a la pandilla criminal venezolana Tren de Aragua, por lo que fue recluido en la megacárcel del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). En abril, Bernal también recibió la noticia de que sería deportada de vuelta a Venezuela. La mujer pensó que por fin se reuniría con su hija, pero cuando subió al vuelo que la llevaría a su país, no pudo ver el rostro de su bebé. Maikelys no iba a bordo con su madre. El Gobierno estadounidense decidió separar a Maikelys de sus padres, ya que acusa a ambos de pertenecer al Tren de Aragua. «No permitiremos que se abuse de esta niña y que siga expuesta a actividades delictivas que ponen en peligro su seguridad», dijo el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense a través de un comunicado. Desde Venezuela, la familia de la bebé lanza gritos de auxilio. «No hemos sabido más de la bebé», lamenta María Escalona Fernández, abuela paterna de Maikelys, que señala no tener ningún conocimiento sobre las condiciones en las que se encuentra su nieta. Por su parte, Bernal niega rotundamente que ella o su esposo sean miembros del Tren de Aragua, haciendo eco de los señalamientos del Gobierno venezolano, quienes teorizan que Washington ha «secuestrado» a la pequeña de dos años. «Ellos solamente están sacando eso para separarme más de mi hija y tapando el secuestro de mi hija, para que piensen que soy una mala madre, pero eso es falso, que me muestren las pruebas entonces», sostuvo Bernal a medios venezolanos este 1 de mayo. El fantasma de la separación familiar El caso de Maikelys y su familia recrudece el pasado de la primera Administración de Trump, en la que se registró la separación de unos 4.600 niños migrantes